Este articulo fue originalmente escrito por Paul Cuno-Booth y traducido por Maria Aguirre. Por fines de la traducción, el New Hampshire Hospital será llamado Hospital de New Hampshire.
Para familias con seres queridos en el Hospital de New Hampshire, Bradley Haas fue más que un guardia de seguridad. Muchos lo llegaron a conocer personalmente cuando visitaban el hospital psiquiátrico estatal en Concord, recuerda Susan Stearns, directora ejecutiva de la organización sin fines de lucro NAMI New Hampshire.
“Hablaban mucho sobre lo amable y servicial que era cuando iban a visitar”, dijo en inglés.
“Particularmente, quizás la primera vez, que tus seres queridos han tenido que ser hospitalizados en el mismo lugar donde tú has estado, puede resultar abrumador y aterrador”.
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Haas, 63, fue disparado mortalmente hace un año, cuando un ex paciente entró al lobby del hospital y empezó a disparar mientras Haas cumplía su deber. Un policía estatal disparó y mató a la persona detrás del arma, John Madore, momentos después.
El asesinato de Haas causó que surgieran pedidos de reformar las leyes de armas de New Hampshire — sobre todo, un vacío en el sistema de verificación de antecedentes que permitió que Madore comprara un arma de fuego, a pesar de un anterior internamiento psiquiátrico que debería haberle prohibido tener un arma.
Pero en el año que transcurrió desde el tiroteo, los legisladores estatales no han aprobado nuevas leyes de seguridad de armas, mientras que aprobaron varios proyectos de ley que realmente expandían los derechos de armas. La propuesta de mayor perfil para una reforma — un esfuerzo bipartidista de la Cámara de agregar los récords de salud mental al sistema federal de verificación de antecedentes, al igual que la mayoría de los estados hace — fue rechazado por los Republicanos del Senado en mayo.
El representante Terry Roy, un Republicano de Deerfield y partidario de los derechos de armas, copatrocinó el proyecto de ley para agregar cualquier internamiento psiquiátrico al sistema de verificación de antecedentes. Él dice que planea retomarlo en 2025, y dice que piensa que Haas seguiría vivo aún si esto hubiera existido antes del tiroteo.
“Creo que si encuestas a los ciudadanos de este estado y les preguntas si están de acuerdo con que alguien que recién salió de una peligrosa situación de salud mental debería ir a una tienda de armas y comprar una pistola, creo que la respuesta sería unánimamente que no”, dijo Roy en inglés.
Pero el fracaso de cualquier gran cambio a las leyes estatales de armas, incluso a raíz de una tragedia como la del Hospital de New Hampshire, demuestra la dificultad de encontrar consenso en las medidas de seguridad de armas en el estado, donde se valoran los derechos de la Segunda Enmienda y persisten profundas divisiones de ideología.
El proyecto de ley de antecedentes fracasó, pero regresará en 2025
En el pasado año, los legisladores aprobaron un proyecto que extiende los beneficios por muerte a la familia de Haas, quien previamente fue un jefe de la policía en Franklin, así como a otros agentes de seguridad del estado que fallecen en el cumplimiento de su deber.
Pero los esfuerzos para aprobar leyes que podrían prevenir que personas con problemas como Madore obtengan armas en el futuro, se quedaron cortos en la legislatura controlada por Republicanos.
La propuesta que fue la más cercana a aprobarse fue una respuesta directa al tiroteo en el hospital. Madore estuvo internado en el Hospital de New Hampshire desde 2016, después de alegadamente atacar a familiares y esconderse en su habitación con armas de fuego. La policía también confiscó sus armas de fuego como parte de ese caso.
Bajo la ley federal, que prohíbe que cualquiera que haya estado “internado en una institución mental” posea un arma, Madore debería haber tenido prohibido comprar otra arma de fuego.
Pero en 2020, Madore igualmente pudo comprar la pistola que utilizó para matar a Haas, de un comerciante de armas de Barrington, según la Oficina del Fiscal General de New Hampshire.
Esto se da porque New Hampshire es uno de los pocos estados que no reporta información sobre internamientos de salud mental al Sistema Nacional de Verificación Instantánea de Antecedentes Penales del FBI. Los vendedores de armas utilizan ese sistema, llamado NICS en inglés, para revisar si sus clientes tienen permitido poseer armas legalmente.
A raíz del tiroteo del año pasado, dos legisladores que de otra manera estarían en total desacuerdo sobre los derechos de armas — Roy, el Republicano de Deerfield, y el Demócrata de Portsmouth, el representante David Meuse — propusieron el proyecto de ley para cambiar esto.
El proyecto de ley hubiera requerido que New Hampshire empiece a notificar al sistema NICS cuando las personas están internados involuntariamente en un centro psiquiátrico por orden judicial o se les considere incompetentes para ser sometidos a juicio. No se habría aplicado a las personas que buscan voluntariamente tratamiento de salud mental.
El proyecto de ley también diseñó un proceso que permita a las personas restaurar sus derechos de armas cuando mejoren. Esta era una provisión clave para los defensores de salud mental y de discapacidades, que dicen que las personas pueden mejorar y no deberían permanentemente perder su derecho constitucional solo porque fueron involuntariamente hospitalizados.
El proyecto se aprobó en la Cámara de New Hampshire, pero fracasó en el Senado estatal. Los senadores Republicanos lo rechazaron en medio de la oposición de los grupos defensores de los derechos de armas y de las preocupaciones de que las armas de las personas pudieran ser confiscadas sin el debido proceso.
“Esto es … la confiscación de armas de fuego de individuos según sus evaluaciones psicológicas y burocráticas”, dijo en inglés el senador Republicano, Bill Gannon de Sandown, en mayo.
“Esto supone eludir el debido proceso que debería acompañar a cualquier infracción de nuestros derechos constitucionales de la Segunda Enmienda”.
Roy dice que esa fue una caracterización equivocada del proyecto. Él resaltó que nadie hubiera perdido sus derechos de armas a menos que hayan pasado por una audiencia legal y hayan sido encontrados por un juez como un peligro para ellos y para otros.
"Voy a redoblar mis esfuerzos para educar a todos de que esto no afectará sus derechos de la Segunda Enmienda", dijo Roy.
La gobernadora electa Republicana Kelly Ayotte también ha dicho que ella apoya enviar los récords de salud mental a NICS, siempre que existan protecciones adecuadas del debido proceso.
“Como gobernadora, juntaré a personas de ambos lados, porque dichos récords deberían estar en el sistema”, dijo en inglés el mes pasado en un debate organizado por NHPR.
Pero con los Republicanos reforzando sus control de ambos cuerpos gubernamentales de la legislatura de New Hampshire en la elección pasada — incluyendo una súper mayoría de 16 a 8 en el Senado estatal — el proyecto enfrenta un destino incierto. El próximo presidente del Senado, Sharon Carson, se negó a comentar antes de ver el texto de la legislación.
Brittany Cantara, propietaria de Cantara Concealment, una tienda de armas en Concord, dijo que a ella le gustaría que el estado empiece a reportar los internamientos de salud mental a la base federal de datos, siempre y cuando la privacidad de la gente sea protegida. (La información enviada al NICS incluye únicamente identificadores básicos como nombre y número de Seguro Social, pero no información médica).
“Es un gran sistema”, dijo ella en inglés. “Pero sabes, sería bueno cerrar algunos vacíos que tenemos en los reportes”.
Los legisladores fortalecieron el derecho a portar armas y rechazaron la ley de “bandera roja”
El tiroteo en el Hospital de New Hampshire — y el tiroteo masivo mortal en Lewiston, Maine un mes antes— estuvo presente en los debates de la Cámara Estatal sobre otras políticas de armas el pasado año.
Este año, el gobernador Chris Sununu firmó algunos pequeños cambios propuestos por defensores de derechos de armas: un proyecto de ley que prohíbe a los empleadores prohibir a los empleados almacenar armas en vehículos cerrados, otro que brinda inmunidad a los agentes del orden que expiden licencias de armas “de buena fe”, y un tercero que fortalece las protecciones de privacidad alrededor de ventas de armas.
Mientras tanto, los legisladores rechazaron varias medidas para reforzar las restricciones de armas, incluyendo un proyecto de “orden de protección contra riesgos extremos”, al que se le suele referir como ley de “bandera roja”. El proyecto hubiera permitido que los familiares preocupados u oficiales de la policía le pidan a un tribunal temporalmente restringir el acceso de alguien a las armas si creen que existe un riesgo para ellos y los demás.
Stearns, de NAMI New Hampshire, dijo que su organización probablemente apoye el proyecto de ley de verificación de antecedentes de Roy, siempre que incluya un proceso para que las personas se puedan sacar del sistema.
Ella también compartió su apoyo al proyecto de orden de protección contra riesgos extremos, y a una segunda medida que fracasó este año: crear una lista voluntaria de “no vender” armas de fuego, a la cual las personas pueden agregarse si están preocupadas por su propio bienestar. Ella dijo que ambas podrían ayudar a reducir suicidios, que representan la gran mayoría de las muertes por armas en New Hampshire.
“Tenemos personas aquí en NAMI New Hampshire que son individuos que viven con una enfermedad mental, que dicen cosas literalmente como, ‘Sé que nunca me debo permitir tener una arma de fuego por mi historia pasada’ — en su mayoría, alrededor de pensamientos suicidas”, dijo Stearns.
Ella también pidió la creación de un panel estatal para examinar los casos donde los agentes de ley utilicen la fuerza letal en contra de una persona con una enfermedad mental. La meta no sería evaluar la conducta del oficial, lo cual es responsabilidad de la fiscalía general. En lugar de eso, se analizaría si alguien pudo haber quedado fuera de lugar y si hubo oportunidades de intervenir antes.
Dado que es probable que los debates sobre la política de armas regresen a la Cámara de Representantes el próximo año, Stearns advirtió en contra de estigmatizar a las personas con enfermedades mentales. Las estadísticas muestran que la mayoría de personas con enfermedades mentales no son violentas.
“Le pediría a las personas cambiar su retórica”, dijo, “y recordar que la persona con la que estás hablando puede estar, o tener a alguien a quien ama mucho, viviendo con una enfermedad mental”.
La reportera Annmarie Timmins de NHPR contribuyó con la reportería.
Si estás experimentando una crisis de salud mental, hay ayuda disponible. Llama o envía un mensaje al 988 para la Línea Nacional de Suicidio & Crisis. Tienen asistencia en español.
Puedes llamar también al 833-710-6477 para que el Punto de Acceso de Respuesta Rápida de New Hampshire se conecte con servicios de salud mental o de uso de sustancias durante una crisis.
