Los defensores de salud pública y de inmigración de New Hampshire están preocupados sobre los posibles efectos de las nuevas políticas federales que permiten que los agentes de ley migratoria ingresen a hospitales, clínicas y a otros establecimientos médicos. Están incentivando a los proveedores de salud pública a tomar pasos para prepararse para posibles encuentros con agentes de inmigración.
Durante un seminario web organizado por la Asociación de Salud Pública de New Hampshire el jueves, la directora ejecutiva Tory Jennison dijo que las nuevas políticas podrían empeorar las disparidades de salud ya que las personas podrían estar menos inclinadas a buscar atención médica, incluso en emergencias.
“Hay posibilidad de que se creen retrasos con personas en busca de atención médica necesaria o evitándola completamente”, dijo Jennison en inglés.
En enero, la administración de Trump revirtió una política de años del Departamento de Seguridad Nacional que limitaba a los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas a hacer arrestos en lugares “sensibles” como escuelas, sitios de culto y establecimientos médicos. En lugar de eso, el departamento dijo que ahora se remiten al “sentido común” de los agentes de fuerzas del orden.
Este cambio ha llevado a escuelas locales, hospitales y otras organizaciones a prepararse, y a aprender sobre sus derechos en caso de que ICE aparezca.
Las preocupaciones sobre estas políticas cambiantes y el mayor control de ley migratoria afecta al estrés de pacientes y aumenta el riesgo de partos prematuros y problemas cardiovasculares en padres inmigrantes, dijo Jennison, complicando las preocupaciones de salud maternal e infantil que el estado ya enfrenta.
Iraida Muñoz, estratega de salud pública para la ciudad de Nashua, compartió que el departamento de salud dijo que los nuevos inmigrantes de New Hampshire suelen buscar ayuda con seguro médico, asistencia infantil, alojamiento y capacitación laboral.
Muñoz teme que algunos inmigrantes dejen de buscar estos servicios públicos, llevándolos a experimentar mayor estrés y ansiedad, lo que puede interferir con su capacidad de acceder a cuidado preventivo y manejar enfermedades crónicas.
“Los inmigrantes y personas lidiando con este tipo de situaciones … no tienen la oportunidad de hablar con profesionales, especialmente debido a sus circunstancias especiales”, dijo Muñoz. “Entonces, por eso están en una categoría vulnerable ya que el acceso al cuidado no es tan fácil”.
Muñoz le pidió a los proveedores de atención médica y miembros del público a rechazar la categorización de inmigrantes indocumentados como “ilegal”, y explicó que la mayoría de inmigrantes en New Hampshire sí tienen estatus legal en EE.UU. Datos del Consejo Americano de Inmigración sugieren que los residentes nacidos en el extranjero representan aproximadamente el 7% de la población del estado.
Katherine Harake, quien trabaja con el ACLU de New Hampshire, dijo que los proveedores de salud pública pueden establecer políticas y prácticas para lidiar con funcionarios de inmigración, incluyendo:
- Asegurarse de que las áreas públicas de espera y las salas privadas de exámenes y de pacientes tengan etiquetas claras.
- Capacitar al personal para que sepan que pueden pedir identificación a los agentes de inmigración, y que solo pueden compartir información o brindar acceso a áreas privadas si estos agentes presentan una orden judicial o citación.
- Asegurarle a pacientes que aún tienen confidencialidad y que su información médica sigue cubierta por la ley federal conocida como HIPAA, sin importar su estatus migratorio. Harake dijo que los proveedores médicos deberían evitar notificar el estatus de un paciente, que por lo general no es necesario para atenderlo.
“Si realmente quieres proteger a tu comunidad, tienes que dejar bien claro que tienes un protocolo y que la privacidad de datos y de su información es realmente importante”, dijo Harake.
Traducción de María Aguirre
