Los funcionarios de educación en New Hampshire están tratando de resolver cómo manejarán la aplicación de leyes de inmigración en las escuelas, después de que las protecciones federales en contra de dichas actividades fueron revocadas durante la primera semana del mandato del presidente Trump.
La Asociación de Administradores Escolares de New Hampshire se ha contactado con organizaciones legales y otras para mayor orientación, dijo el Director Ejecutivo Mark MacLean en un correo.
“[En este momento], no es claro para líderes educativos el impacto que tendrá esto en las escuelas”, dijo él en inglés.
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MacLean dijo que a su equipo le habían dicho que una decisión crítica en la corte en 1982, Plyler v. Doe, la cual requiere a las escuelas brindar educación pública a estudiantes sin importar su estatus migratorio, sigue siendo “la ley de la tierra”.
“Sin embargo, necesitamos guías informadas sobre cómo responder correctamente a preguntas, y cómo las variaciones en las leyes estatales y federales afectan las decisiones educativas”, dijo.
Diferentes alcances en los distritos
En una carta dirigida a familias la semana pasada, los funcionarios del Distrito Escolar de Manchester dijeron que ellos no recogen información sobre el estatus de inmigración o ciudadanía del estudiante, ni tampoco comparten información personal de los estudiantes con fuerzas de la ley o funcionarios federales de inmigración sin una orden de la corte.
La letra no decía explícitamente la postura del distrito en cooperar con funcionarios de ICE. Cuando se pidió clarificación en cómo manejarían órdenes de detención inmigratorias u órdenes judiciales (judicial warrants), el vocero Andrew Toland del Distrito Escolar de Manchester dijo en inglés, “cumpliremos con las órdenes judiciales”.
El Distrito Escolar de Concord le ha pedido a su personal contactarse con el superintendente si ICE u otras fuerzas de ley presentan una orden judicial permitiendo que entren al edificio. El superintendente de Nashua, Mario Andrade, dijo que él le dio a su personal lineamientos similares.
Otros documentos de aplicación migratoria, como órdenes administrativas o citaciones (subpoenas) no requieren el mismo cumplimiento en una escuela, casa o lugar de trabajo como una orden judicial (judicial warrant) lo hace, según el Centro Nacional de Leyes de Inmigración.
“Le hemos ordenado a nuestro personal continuar con nuestra política, la cual es no entregarle estudiantes a cualquiera que no sea su guardián legal o a alguien que ha sido aprobado por una padre de familia fuera de una orden firmada por un juez”, dijo en inglés Pamela Walsh, presidenta del Directivo Escolar de Concord.
Mario Andrade, el superintendente de Nashua, dijo que también le recordó al personal que no comparta información sobre los estudiantes, como lo exige la Ley Federal de Derechos Educativos y Privacidad de la Familia. Además, los trabajadores sociales y los enlaces de participación familiar en las escuelas están trabajando con familias que tienen preguntas e inquietudes, dijo.
“A menudo encontramos que una comunidad unida tiene un valor más fuerte que una declaración del superintendente”, dijo Andrade en inglés.
“No es nuestra primera vez con órdenes de detención, solo es un problema mayor porque se ha convertido en una cuestión de políticas con el presidente”.Sargento John Cinelli de Nashua
El departamento policial de Nashua coopera con fuerzas federales de ley, incluyendo ICE, cuando los agentes tienen órdenes de corte aprobando un arresto, dijo en inglés el sargento John Cinelli. La política ha estado vigente al menos dos décadas, dijo.
Cuando un oficial encuentra a alguien con una orden de detención de ICE, el oficial confirma la detención con ICE y pone a la persona bajo arresto hasta que ICE asuma la custodia, dijo Cinelli. Esa ha sido la política del departamento desde alrededor de 2011, dijo.
“No es nuestra primera vez con órdenes de detención, solo es un problema mayor porque se ha convertido en una cuestión de políticas con el presidente”, dijo. “Estamos tratando de mantenernos alejados de la política y hacer el trabajo que siempre hemos hecho y hacerlo lo mejor que podemos”.
Él dijo que el departamento tiene una buena relación con poblaciones diversas de la ciudad y no quiere que estos grupos se sientan atacados.
“No vamos a solo detener personas y preguntarle a ICE si los quieren si no hay ningún papel en el sistema”, dijo Cinelli.
Más información del National Immigration Law Center: Warrants and Subpoenas — What to Look Out for and How to Respond
Firma legal reconocida comparte más orientación
Varios otros distritos escolares de New Hampshire refirieron NHPR a su firma legal, DrummondWoodsum, para más información. La firma compartió la copia de un memo que envió a los distritos escolares la semana pasada, que detallaba consejos alrededor de fuerzas de leyes migratorias.
El memo de DrummondWoodsum hacia distritos escolares contemplaba lo que podía pasar si los padres o guardianes de un estudiante son detenidos mientras el niño está en la escuela. Le aconsejaron a las escuelas a incentivar a las familias a actualizar sus contactos de emergencia y designar a alguien para recoger a los niños si el padre no está disponible. Si no hay contactos de emergencia, la firma dice que las escuelas deberían contactar a la Division of Children, Youth and Families (División de Niños, Adolescentes y Familias).
La firma legal también le recomendó a las escuelas limitar la información que mantienen sobre los estudiantes y abstenerse de preguntar a los estudiantes sobre su ciudadanía o el estatus migratorio de sus padres.
En casos donde la escuela recoge el lugar de nacimiento del estudiante o entrada al país para cumplir con programas federales u estatales, DrummondWoodsum sugirió que esa información debería ser separada del expediente educativo de los estudiantes y “destruido apenas ya no sea necesario”.
La firma legal resaltó, en una comunicado separado a NHPR, que “las agencias federales le han aconsejado por años a las escuelas a no mantener récords del estatus migratorio del estudiante porque hacerlo podría ser evidencia de una discriminación de su origen nacional”. Dijeron que ellos nunca le pedirían a las escuelas violar la ley u obstruir a fuerzas de ley.
“Las escuelas a menudo se enfrentan a situaciones difíciles en las que se les requiere responder rápidamente a normas y políticas federales que cambian con frecuencia, tranquilizar a su comunidad y responder a las preguntas de sus maestros y personal – esta situación no es diferente”, escribió en inglés la firma legal.
“El consejo que damos fue similar al que brindan los fiscales generales de otros estados y busca apoyar a nuestros clientes en este momento de incertidumbre”.

Impactos en familias locales
La incertidumbre sobre lo que podría pasar con fuerzas migratorias dentro de escuelas locales ha creado preocupación incluso para familias que viven aquí de manera legal.
Hamisi Juma vino a los EE.UU. como refugiado de la República Democrática del Congo hace 15 años y desde entonces se ha convertido en ciudadano estadounidense. Hoy, vive en Manchester con su familia y administra Safari Youth Club, un programa extracurricular que sirve a muchas familias de refugiados.
Aunque sus hijos son ciudadanos estadounidenses, él dijo que está nervioso de que sean cuestionados sobre su estatus migratorio. Él ha estado tratando de prepararlos en cómo responder.
“Les dije que si algo así pasaba, solo digan ‘Nuestros padres son ciudadanos, y no vinimos aquí solos. Vinimos como refugiados’”, dijo Juma en inglés.
“Pero igual hay frustración, como ‘¿Papá, qué pasa si solo nos agarran y no nos dejan hablar?’”.
Juma dijo que él está viendo a otras familias de inmigrantes y refugiados con miedos similares, y él ha estado tratando a ayudar a las personas a navegar esa incertidumbre. Él dice que está trabajando para educar a personas sobre sus derechos durante posibles encuentros con ICE o fuerzas de ley.
“Y ahora están preocupados de que, si salgo, quizás me arresten o se lleven a mi hijo”.Hamisi Juma de Manchester
Él dijo que muchos refugiados, después de llegar a EE.UU., están preocupados sobre cómo van a pagar sus cuentas o criar a sus hijos.
“Y ahora están preocupados de que, si salgo, quizás me arresten o se lleven a mi hijo”, dijo Juma.
“Imagínate cómo es esto. Es más trauma”.
Traducción por Maria Aguirre.
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