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Una nueva propuesta podría dejar a miles de residentes de New Hampshire fuera del programa SNAP

 Apples at the grocery store
Dan Tuohy
/
NHPR
Apples at a grocery store.

Este artículo fue escrito por Kate Dario. Traducción de María Aguirre. 

El Departamento de Agricultura de EE. UU. (USDA) anunció la semana pasada posibles cambios a SNAP. Los cambios limitarían quién puede recibir asistencia alimentaria, al dejar fuera a personas con ingresos por encima de cierto nivel, y ampliarían el grupo de personas sujetas a requisitos de trabajo.

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El plan aún necesita aprobación y no entraría en vigor hasta 2029. Limitaría la elegibilidad categórica de amplio alcance, una práctica que permite que los hogares que reciben programas de asistencia federal, como la Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF) califiquen automáticamente para SNAP, incluso si superan el límite de ingresos del programa.

Según el USDA esto reduciría la inscripción en SNAP en casi un 18%, es decir, 6.3 millones de los 36 millones de personas que participan en el programa a nivel nacional.

Laura Milliken, directora ejecutiva de New Hampshire Hunger Solutions, dijo que el sistema actual agiliza la inscripción en SNAP y permite que las familias con ingresos más altos, pero también con gastos más altos, reciban ayuda para comprar alimentos.

“Todos estamos pagando precios altos por la vivienda, la calefacción, la gasolina, el cuidado infantil, y la lista sigue”, dijo Milliken en inglés. “Así que la idea de que este sea el momento de restringir quién puede recibir SNAP no tiene absolutamente ningún sentido”.

Milliken estima que este cambio dejaría fuera de SNAP a casi 15,000 residentes de New Hampshire, incluidos 6,000 niños. Alrededor de 76,000 personas en New Hampshire han usado SNAP en los últimos años.

La propuesta también endurece los requisitos de trabajo que ya existen. Sube de 54 a 64 años la edad a partir de la cual las personas quedan exentas, y elimina las exenciones automáticas para grupos como veteranos, personas sin hogar, padres de adolescentes y jóvenes que crecieron en hogares de acogida.

Milliken estima que este cambio en particular podría dejar fuera del programa a más de 8,000 residentes de New Hampshire.

La propuesta también podría reducir la participación en otros programas de asistencia que usan la elegibilidad para SNAP como requisito de inscripción, como el Programa Nacional de Almuerzos Escolares y el Programa Especial de Nutrición Suplementaria para Mujeres, Infantes y Niños, o WIC.

El USDA estima que 1.78 millones de niños en todo el país dejarían de ser elegibles automáticamente para las comidas escolares gratuitas. Pero calcula que alrededor del 97% “seguirán cumpliendo los requisitos para obtener comidas escolares gratuitas o a precio reducido, según los ingresos de su hogar, y podrían ser certificados para recibirlas mediante un proceso distinto”.

El USDA también calcula que 93,000 niños pasarían a pagar un precio reducido por el almuerzo y 28,000 pagarían el precio completo.

Estas propuestas llegan después de los recortes al programa que aprobó el Congreso en la ley federal de reconciliación presupuestaria de 2025. Según Milliken, esos recortes hicieron que el 4% de los beneficiarios de SNAP en New Hampshire perdieran sus beneficios.

A Milliken le preocupa que el estado tenga dificultades para absorber el impacto de la propuesta.

“Aumentaría significativamente la inseguridad alimentaria en New Hampshire y pondría una carga sobre la red de ayuda alimentaria benéfica, que ya está sobrecargada, y creo que sería prácticamente imposible que pudiera responder”, dijo.

Hay un periodo de 30 días para comentarios públicos, abierto hasta el 10 de diciembre. Puedes encontrar más información sobre cómo enviar un comentario aquí.

As a general assignment reporter, I cover a little bit of everything. I’ve interviewed senators and second graders alike. I particularly enjoy reporting on stories that exist at the intersection of more narrowly defined beats, such as the health impact on children of changing school meals policies, or how regulatory changes at the Public Utilities Commissions affect older people on fixed incomes.

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