La organización sin fines de lucro New Hampshire Indonesian Community Support, con sede en Dover, es una de las tres organizaciones de derechos de inmigrantes que está demandando al presidente Donald Trump y a otras agencias del gobierno por una orden ejecutiva firmada anoche que terminaría con la ciudadanía por derecho de nacimiento para hijos de algunos inmigrantes, argumentando que es inconstitucional.
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La orden de Trump – una de las varias que firmó durante las primeras horas de su segundo mandato – le indica a las agencias federales no emitir documentos de ciudadanía a bebés de inmigrantes indocumentados o padres con estatus legal pero temporal, a partir del 19 de febrero.
Los demandantes están buscando una orden judicial preliminar que pausaría los efectos de la orden ejecutiva hasta que la demanda pase por la corte.
Más de un siglo de precedentes legales han confirmado que la 14va Enmienda a la Constitución de los Estados Unidos brinda ciudadanía sin restricciones a todos los niños nacidos en los Estados Unidos.
El American Civil Liberties Union of New Hampshire, al igual que los grupos afiliados en Maine y Massachusetts, están representando a los demandantes en la demanda presentada ayer lunes en la Corte Distrito de New Hampshire. Argumentan que la orden ejecutiva les impediría el acceso a servicios sociales esenciales y, esencialmente, les quitaría cualquier tipo de estado.
“La ciudadanía por nacimiento es garantizada en nuestra Constitución y es absolutamente importante para lo que América sostiene”, dijo en inglés Cody Wofsy, director adjunto del Proyecto de Derechos de Inmigrantes de la ACLU y abogado líder en el caso.
“Negar la ciudadanía a bebés nacidos en EE.UU. es ilegal, profundamente cruel, y contrarios a nuestros valores como país”.
La orden de Trump se enfoca en una cláusula de la 14va Enmienda en particular que dice que la ciudadanía se aplica a bebés nacidos en EE.UU. y "sujeto a la jurisdicción" de los EE. UU.
Hasta ahora, esa frase ha sido interpretada en el Congreso como que aplica a todos los bebés nacidos en EE.UU. – con algunas excepciones para niños nacidos en EE.UU. de diplomáticos extranjeros y otros pocos casos.
La orden ejecutiva afectaría dos miembros de la New Hampshire Indonesian Community Support, identificados solo como como “Gail” y “Thomas” en la queja de ACLU. La pareja vino a EE.UU. con visas de turistas en 2023 y tienen una aplicación pendiente para el asilo, pero sin ningún otro estatus migratorio. Gail está embarazada y su fecha de parto es a fines de febrero.
Como “Gail” y “Thomas”, el caso identifica otros cuatros miembros de las organizaciones benéficas League of United Latin American Citizens y Make the Road New York, cuyos niños serán impactados por el resultado de la demanda.
Aarti Kohli, directora ejecutiva de Asian Law Caucus, el cual también forma parte de la demanda, señaló que el precedente de la constitución para la ciudadanía por derecho de nacimiento es una caso de la Corte Suprema de 1898 involucrando a Wong Kim Ark, un cocinero chino-americano de San Francisco. En una decisión histórica, la Corte Suprema confirmó que los niños nacidos en Estados Unidos de padres sin estatus legal sí son ciudadanos bajo la 14va Enmienda.
Ella dijo que la orden ejecutiva es parte de una larga historia anti-asiática, incluyendo la Ley de Exclusión China, la encarcelación de japoneses americanos, y las deportaciones más recientes de familias erradicadas por largo tiempo provenientes del sureste de asia.
“[La orden ejecutiva] es un intento atroz de privar de derechos a los americanos de color”, dijo en inglés.
“Y negaría derechos constitucionales a diez mil familias cada año, incluyendo muchas asiáticas, de islas del Pacífico y del Medio Este que buscan protegerse de la violencia, que buscan ser profesionales, y que están comprometidas a crear una buena vida para sus seres queridos”.
Traducción de María Aguirre.
