Tres jueces de la Corte de Apelaciones de EE.UU. para el Primer Circuito con sede en Massachusetts confirmaron un bloqueo temporal de una orden ejecutiva emitida por el presidente Trump en enero que eliminaría la ciudadanía por derecho de nacimiento para los hijos de algunos inmigrantes.
El juez Joseph Laplante, un juez federal radicado en New Hampshire, temporalmente bloqueó la orden en febrero. El gobierno apeló este bloqueo, pero la corte de apelaciones confirmó la decisión original de Laplante el viernes.
“Las ‘lecciones de la historia’ nos dan todas las razones para ser cautelosos a la hora de bendecir este esfuerzo más reciente por romper con nuestra tradición establecida de reconocer la ciudadanía por derecho de nacimiento y hacer que la ciudadanía dependa de las acciones de los padres en lugar de –excepto en las circunstancias más excepcionales– el simple hecho de haber nacido en Estados Unidos”, dijo la corte en una opinión relacionada.
Esta opinión es la más reciente en casi una docena de demandas en contra de la orden ejecutiva que ordena a agencias federales a no emitir documentos de ciudadanía a bebés de inmigrantes indocumentados o padres con estatus legal pero temporal.
Si se mantiene la orden ejecutiva, esto afectaría a los miembros del New Hampshire Indonesian Community Support, una organización comunitaria en Dover. Ellos se juntaron a la ACLU de New Hampshire y otras organizaciones sin fines de lucro en la región para demandar al presidente porque dijeron que la orden es inconstitucional.
SangYeob Kim, abogado senior en el ACLU de New Hampshire, celebró la opinión de la corte, diciendo que aporta al caso en contra de la orden ejecutiva.
“La corte federal de apelaciones reforzó hoy que esta orden ejecutiva es una flagrante violación de la Constitución de los EE.UU., y estamos de acuerdo”, dijo él. “Nuestra Constitución es clara: ningún político puede decidir quién entre los que nacen en este país merece una ciudadanía”.
A pesar de las docenas de bloqueos temporales en este y otros casos de ciudadanía por nacimiento, la mayoría de los casos siguen pendientes y podrían terminar ante la Corte Suprema de EE.UU. El Departamento de Justicia le pidió a la Corte Suprema que tomara estos casos, incluyendo este caso presentado por la Indonesian Community Support.
Con el apoyo de la corte de apelaciones y docenas de otros jueces, los abogados del caso están optimistas sobre su suerte en la corte.
“Ningún juez ha aceptado los argumentos erróneos de la administración”, dijo Cody Wofsy, abogado principal de la ACLU. “El gobierno ahora está presentando una petición a la Corte Suprema con la esperanza de obtener una respuesta diferente. Pero la Constitución es clara, y seguiremos luchando contra esta orden ilegal hasta que sea revocada de una vez por todas”.
Los casos ya fueron a la Corte Suprema, pero la corte no se ocupó de las demandas en sí. En cambio, ordenó que los jueces de cortes inferiores no puedan emitir órdenes judiciales de alcance nacional.
En respuesta, la ACLU de New Hampshire presentó una demanda colectiva por separado en junio en nombre del conjunto de bebés que podrían verse afectados por la orden ejecutiva. Laplante certificó el conjunto y además, emitió un bloqueo temporal en este caso en julio, con vigencia a nivel nacional.
Ahora el Departamento de Justicia quiere que la Corte Suprema decida el contenido de todas estas demandas y la Corte Suprema necesita decidir si va a intervenir o no.
Traducción de María Aguirre
