Los defensores de vivienda asequible están celebrando el veto de la gobernadora Kelly Ayotte de la semana pasada, de un controversial proyecto de ley de vivienda, el HB 1336. El proyecto hubiera permitido que los propietarios requieran un depósito adicional de seguridad si decidían rentarle a un inquilino que no cumplía con los requisitos estándar de selección del propietario en cuanto al nivel de ingreso de solicitantes, historia de desalojo o puntos de crédito.
Muchas organizaciones de alojamiento y comunitarias escribieron una carta a Ayotte en junio, pidiéndole que vetara el proyecto. Citando un reporte de New Hampshire Housing que demostraba que la renta promedio para un departamento de dos cuartos en 2024 era casi $2,000 al mes, los grupos argumentan que menos personas de bajo ingreso podrían pagar dos depósitos de seguridad y el primer mes de renta — posiblemente alrededor de $6,000 para comenzar.
“Trabajo con muchas personas que viven en el refugio de Portsmouth Cross Roads House”, dijo Ari Mak en inglés, un mánager de casos de Cross Roads House que ayuda a sus clientes con aplicaciones de renta.
“Ellos ahorran bastante dinero y trabajan duro, más de 40 horas a la semana, e igualmente no pueden tocar eso, y viven y sobreviven por sí mismos”.
Los que apoyan el proyecto argumentan que un segundo depósito de seguridad le hubiera brindado a los propietarios un incentivo para arriesgarse por inquilinos que por otro lado hubieran rechazado de inmediato en el proceso de solicitud. Tampoco habría permitido a los propietarios cobrar el depósito adicional a los inquilinos que ganan menos de $75,000, una disposición que tenía como objetivo proteger a los inquilinos de bajos ingresos.
“El proyecto busca crear más opciones de vivienda, para inquilinos que son lo que podríamos llamar marginalmente calificados”, dijo en inglés Nick Norman con la Apartment Association of New Hampshire y la New Hampshire Rental Property Owners Association. Él trabajó en el proyecto y se decepcionó por el veto de Ayotte.
“Habría sido de gran ayuda para los inquilinos”.
Jennifer Chisholm, directora ejecutiva de la NH Coalition to End Homelessness, dijo que ella considera que hay buenas intenciones detrás del proyecto, pero ella testificó en contra de este durante la sesión legislativa.
“El mercado inmobiliario está muy difícil y los salarios no alcanzan para cubrir los gastos. Las familias están pasando por muchas dificultades”, dijo Chisholm en inglés. “Esta no es la solución adecuada ni el momento oportuno para implementar esto para los inquilinos de New Hampshire”.
El proyecto tampoco hubiera abordado lo que Chisholm dice que es el verdadero problema en el estado: aumentar la oferta de viviendas asequibles.
