El sistema de cortes de New Hampshire implementará un nuevo programa piloto para verificar los ingresos de personas que soliciten un abogado asignado por la corte, después de que algunos funcionarios públicos cuestionen si el actual sistema podría ser objeto de fraude.
Tanto la Constitución de EE.UU. y la de New Hampshire requieren que el gobierno proporcione un abogado para personas acusadas de crímenes serios que conllevan la posibilidad de penas de cárcel si no pueden costearse un abogado. En New Hampshire, los acusados han previamente llenado un formulario declarando sus bienes e ingresos, pero las cortes no tenían una manera de verificar dicha información.
Esta semana, la rama judicial empezará un acuerdo con la Oficina de Seguridad Laboral de N.H., una agencia estatal que tiene información salarial confidencial brindada por empleadores, para confirmar si alguien es elegible para un abogado asignado por la corte.
Bajo ley estatal, no existe un umbral absoluto que un acusado deba cumplir para demostrar que puede contratar a un abogado. En lugar de eso, los jueces requieren que comparen “los bienes e ingresos del acusado con el costo mínimo de obtener un abogado privado calificado”.
El intercambio de información empezará solo en dos tribunales, para ver si el programa es efectivo.
Jessica King, la consejera general de la Rama Judicial, le dijo al Consejo Ejecutivo el miércoles que los tribunales van a monitorear de cerca el funcionamiento del sistema.
“Actualmente, el programa se enfoca en: si hay un problema aquí, identificarlo”, dijo King en inglés. “Ese es el primer paso”.
Aunque no hay datos disponibles sobre si las personas estaban abusando del sistema actual de defensa de indigentes, el Consejero Ejecutivo John Stephen repetidamente ha impulsado en los recientes meses que las cortes implementen cierta forma de monitorear a las personas que solicitan un abogado. Felicitó al nuevo acuerdo y los datos que este puede proporcionar sobre si las personas engañan a las cortes, y con qué frecuencia, respecto a su capacidad para financiar su propia representación legal.
“Queremos asegurarnos que las personas estén brindándole a las cortes información justa, correcta y honesta, porque seguimos viendo cada vez más millones de dólares para que los defensores públicos representen en virtud de su derecho constitucional”, dijo en inglés Stephen.
La iniciativa empezará en la Corte Circuito Brentwood y en la Corte Superior de Rockingham. Cuatro empleados del poder judicial tendrán acceso a una base de datos de Seguridad Laboral, donde pueden comparar información financiera hecha por acusados con datos de récords salariales que presentaron los empleadores.
El Defensor Público de New Hampshire, una organización privada sin fines de lucro, brinda la mayor parte de la representación de defensa de indigentes en todo el estado, pero ha enfrentado un alto volumen de casos en recientes años, causando que las cortes suban sus tarifas de pago para incentivar a los abogados privados a aceptar también casos.
