Abogados para la Conservation Law Foundation argumentaron frente a una Junta Federal de Apelaciones Ambientales el jueves pasado que la Agencia de Protección Ambiental (EPA) no había realizado la debida diligencia al crear un nuevo permiso para la planta de tratamiento de aguas residuales de Manchester.
Los argumentos orales del jueves pasado fueron la culminación de una batalla de meses entre los defensores ambientales, reguladores federales, y los funcionarios de la ciudad sobre si se debía hacer algo para proteger el río Merrimack y las personas que viven cerca de químicos dañinos que salen de la planta.
Los químicos PFAS, conocidos como ‘químicos para siempre’, se encuentran ampliamente presentes en el ambiente y en las corrientes de agua. Los procesos de tratamiento de aguas residuales no agregan PFAS al agua, pero recogen y transforman dichos químicos, y los regresan al ambiente. Un estudio del 2019 encontró unas concentraciones de PFAS más elevadas de los estándares federales de agua potable saliendo de la planta de tratamiento de Manchester, y otros estudios encontraron químicos PFAS en peces del río Merrimack.
El permiso aprobado por la EPA requiere que la ciudad de Manchester rastree los químicos PFAS en las aguas residuales que entran a la planta de tratamiento, pero no pone un límite en los niveles de PFAS que podrían estar en el agua que sale de la planta.
Los abogados para la Conservation Law Foundation argumentan que la Agencia de Protección Ambiental no completó su deber de analizar si los químicos PFAS que salen de la planta podrían perjudicar el río Merrimack.
Jillian Aicher, abogada del equipo para la Conservation Law Foundation, dijo que ese tipo de análisis podría ser el primer paso para crear requisitos para reducir la descarga de estos productos químicos.
“Esta apelación tiene implicaciones importantes para los miembros de la comunidad en Manchester, que están expuestos a PFAS descontrolados que salen de la planta de tratamiento de aguas residuales sin ninguna medida de reducción, Y muy importante aquí, ninguna consideración por parte de la EPA de las medidas de reducción”, dijo ella en inglés.
Los abogados para la EPA argumentan que la agencia sí consideró el potencial de que los efluentes de la planta de tratamiento perjudicaran la calidad del agua. Los reguladores federales revisaron y respaldaron un análisis realizado por funcionarios del estado de New Hampshire, dijeron.
En 2021, la EPA adoptó una hoja de ruta sobre los PFAS que incluía restringir que tantos PFAS las instalaciones industriales podían descargar, y utilizar un proceso de permiso para instalaciones de aguas residuales para reducir dichos químicos en canales de agua.
En el país, los estados han empezado a trabajar para investigar y regular los PFAS en el flujo de residuos. Pero el análisis de PFAS que la Conservation Law Foundation le está pidiendo a reguladores hacer para la planta de Manchester no es común, dijo Tom Irwin, el vicepresidente de la fundación.
Él dijo que Manchester sería un punto importante para empezar. La planta de tratamiento de aguas residuales, que se encuentra cerca de algunas zonas residenciales, incinera sus lodos residuales.
“Las personas están siendo expuestas a los PFAS en el aire, los PFAS están siendo descargados en el agua”, dijo en inglés. “Si los reguladores lo toman de la manera en que pueden, esto brindará una guía para otros”.
Justicia ambiental
La Conservation Law Foundation también argumentó que la EPA abandonó consideraciones de justicia ambiental durante el proceso de permiso sin una explicación profunda.
Irwin le dijo a la Junta de Apelaciones Ambientales que la dependencia de la agencia en las órdenes ejecutivas que revocaron la política de justicia ambiental de la era Biden no fue suficiente, y que el cambio de política requería una mayor explicación.
“Existe un creciente cuerpo de jurisprudencia que reafirma que las agencias no pueden simplemente cambiar sus políticas sin analizar el motivo por el que lo hacen”, dijo Irwin en una entrevista con NHPR. “No hay documento de la administración de Trump que explique por qué de repente no tomamos en consideración las comunidades que están sobrecargadas con contaminación y otros impactos de salud”.
Los legisladores para la EPA dijeron que la agencia puede utilizar su discreción en asuntos de justicia ambiental, y argumentan que sí brindaron razones para no considerar justicia ambiental mientras realizaban el permiso.
Adam Dunville, un abogado para la ciudad de Manchester, también participó en los argumentos orales en apoyo a la posición de la EPA. Los funcionarios del personal de la planta de tratamiento de aguas residuales de la ciudad no respondieron a las solicitudes de comentarios.
