Este artículo fue traducido por Daniela Allee.
Varias leyes nuevas que tratan la violencia doméstica y sexual en New Hampshire entraron en vigencia el miércoles, a comienzos del año nuevo.
Las leyes – que firmó el gobernador Chris Sununu el año pasado – incluyen un cambio en la edad mínima para casarse, nuevas protecciones para inquilinos que experimentan violencia doméstica y un esfuerzo para combatir los “deepfakes” sexualmente explícitos.
“Proteger los derechos de las víctimas y responsabilizar los agresores son temas que tienen apoyo bipartidista” dijo en inglés Amanda Grady Sexton, una vocera para la Coalición de New Hampshire en Contra de Violencia Doméstica y Sexual, en un comunicado la semana pasada. El grupo defensor representa 12 centros de atención de crisis en el estado.
A continuación, una mirada más cercana a estas medidas.
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Nuevas protecciones para los inquilinos
La amenaza de consecuencias financieras por quebrar un contrato de arrendamiento puede atrapar individuos en situaciones peligrosas, dijo Pamela Kelig, quien trabaja en política para la coalición. Eso es más cierto cuando los abusadores también controlan las finanzas de sus víctimas de otras maneras.
“Muchos sobrevivientes enfrentan el riesgo de quedarse sin un hogar, sea solos o con sus hijos”, dijo en inglés.
House Bill 261, uno de los proyectos legislativos que fue aprobado en 2024, intenta minimizar esos obstáculos. Permite que las víctimas de violencia doméstica, sexual o acoso puedan terminar un arrendamiento por adelantado para poder salir de una situación abusiva sin una sanción financiera.
La ley también refuerza una prohibición actual de desalojar a alguien solo porque ha sido una víctima de violencia doméstica, violacion o acoso. Aunque los inquilinos ya tenían esta protección bajo la ley, Kelig dijo que era muy limitada porque requería que los inquilinos mostraran que tenían una orden de protección en contra del perpetrador.
“No siempre es seguro buscar una orden de protección basada en la situación, o no han tenido la oportunidad de reportar la situación a los oficiales”, dijo.
Bajo la nueva ley, los arrendatarios que están en riesgo de ser desalojados pueden comprobar que son una víctima de abuso de otras maneras. Eso incluye entregar una declaración de un abogado, proveedor de salud o defensor, o una declaración bajo pena de perjurio. La ley también requiere que los propietarios mantengan esa información confidencial.
Combatiendo ‘deepfakes’
Dos otras leyes que entraron en vigencia a comienzos del año se enfocan en el uso de generadores de imágenes de Inteligencia Artificial, o IA, usadas para crear material sexualmente abusivo – un problema que está creciendo, según Kelig, que algunos estados apenas están abordando.
Una de ellas prohíbe imágenes sexualmente explícitas de niños que son generadas por computadoras, pero que son “indistinguibles” de imagenes reales – un intento en combatir lo que expertos han advertido que puede ser una inundacion de material de abuso infantil generado por IA.
La segunda ley prohíbe compartir “deepfakes” sexualmente explícitos de alguien – imágenes realistas pero falsas, generadas o alteradas por IA sin el consentimiento de esa persona.
“Cuando tienes estas imágenes creadas digitalmente, hemos visto que las víctimas pierden su trabajo”, dijo Kelig. “Obviamente, hemos visto mucha trauma emocional”.
Edad matrimonial, restricciones al empleo
Kelig también señaló dos leyes que ve como salvaguardas.
Después de muchos años de abogar por una ley, legisladores de New Hampshire prohibieron el matrimonio juvenil. Desde el 1 de enero, la edad legal para poder casarse en el estado aumentó de 16 a 18.
“Los niños casados enfrentan más posibilidades de abuso”, dijo Kelig. “Entonces también es un paso adelante en quebrar los ciclos de violencia y abuso en nuestro estado, ya sea físico, emocional o hasta económico”.
Otra ley actualiza las reglas que prohíben que los abusadores sexuales registrados por esos crímenes trabajen con niños. Los cambios clarifican que la ley se extiende a puestos que involucran la supervisión directa de menores de edad.
